Acusado por masacre Jesuitas seguirá en prisión

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Inconformes. Los abogados de coronel Guillermo Benavides dijeron que el militar reúne ya todos los requisitos que exige la ley para recuperar la libertad anticipada.

Inconformes. Los abogados de coronel Guillermo Benavides dijeron que el militar reúne ya todos los requisitos que exige la ley para recuperar la libertad anticipada.

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La defensa del coronel Benavides solicitó la libertad condicional anticipada, pero la jueza ordenó que deberá permanecer en prisión.

El coronel Guillermo Alfredo Benavides, condenado por estar vinculado en los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en noviembre de 1989, deberá continuar en prisión.

Así lo decidió la titular del Juzgado Cuarto de Vigilancia Penitenciaria, luego de realizar una audiencia especial de incidentes en la que defensa había solicitado la libertad condicional anticipada para el imputado.

Benavides fue director de la Escuela Militar en 1989 y el 23 de enero de 1992 fue condenado por el Juzgado Cuarto de lo Penal por los delitos de asesinato y proposición y conspiración de actos de terrorismo, pero la condena nunca estuvo en firme porque el coronel fue sobreseído en 1993 con la Ley de Aministía, la cual luego sería derogada.

"No estamos de acuerdo con el fallo de la juez. Seguimos sosteniendo que tenemos la razón que debió otorgarse la libertad condicional anticipada. El coronel reúne todos los requisitos para ello y también debemos aplicar el artículo 48 que nos hace una fórmula aritmética que nos lleva al cumplimiento de la tercera parte de la pena", dijo el abogado Lisandro Quintanilla.

El artículo 48 del Código Penal, derogado en 1998, establecía que si la persona pasaba más de un año en detención provisional, cada día le contaba por tres. En ese artículo basó la defensa su argumento para justificar que el coronel ya cumplió la tercera parte de la pena y obtener la libertad anticipada.

Según Quintanilla, el coronel fue capturado en enero de 1990 y estuvo detenido provisionalmente hasta 1993 cuando derogaron la Ley de Amnistía y Benavides fue sobreseido defitivamente. En 2016 fue capturado nuevamente y la condena quedó en firme.

Según el cálculo realizado por la defensa, ese tiempo en el que estuvo en detención provisional equivale a nueve años, dos meses y un día de prisión. A eso le suman los cinco años que cumplió desde 2016 hasta la fecha y equivale a la tercera parte de la condena.

Sin embargo, la representación fiscal aseguró que la pretensión de la defensa era aplicar disposiciones que no tenían ningún efecto legal porque era una ley derogada. "No era procedente la retroactividad de la ley, sobre todo precisamente de una ley que en aquel entonces no había nacido a la luz jurídica de la nueva ley y por lo tanto no tenía los efectos legales para utilizarla", señaló el auxiliar fiscal.

"La Ley Penitenciaria establece que toda persona que ostenta este tipo de beneficios debe cumplir con ciertos requisitos de los cuales la persona condenada en ningún momento los cumplió, por lo tanto no era procedente la petición", agregó la fiscal del caso.

El cómputo de la pena realizado por la jueza detalló que el imputado tenía hasta ayer ocho años con cuatro meses y tres días en prisión, por lo que desestimó el fundamento de la temporabilidad para otorgar el beneficio.

Eso a pesar que el representante de las víctimas, el padre José María Tojeira, había solicitado la libertad para el coronel.

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