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Asamblea aprueba restricciones para marchas en El Salvador: "Esto solo demuestra que las marchas generan molestia"

Decretan medidas especiales para que FGR actúe contra quienes organicen, convoquen y promuevan concentraciones. Nuevas Ideas dice que no es ninguna prohibición.

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Masivo.  Pese a calificarlas de fracaso, el oficialismo aprobó medidas para dificultar la realización de marchas.

Masivo. Pese a calificarlas de fracaso, el oficialismo aprobó medidas para dificultar la realización de marchas.

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Tres días después que una nueva marcha masiva mostrara el descontento de la población con las políticas del gobierno de Nayib Bukele, ayer, la Asamblea Legislativa aprobó "Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados".

La iniciativa fue aprobada en la sesión plenaria sin que hubiera sido discutida en ninguna comisión, sino que Nuevas Ideas la promovió mediante la dispensa de trámite. En su discusión, apenas hubo cuatro participaciones de legisladores —tres oficialistas y una de oposición—, y fue aprobada con 63 votos.

Desde su inclusión en su agenda mediante la dispensa de trámite, la iniciativa fue cuestionada debido a que en su articulado excluye de las regulaciones ahí establecidas a los eventos deportivos, artísticos y culturales; por lo que legisladores de oposición y líderes de organizaciones de la sociedad civil consideraron que el decreto estaba encaminado a dificultar —o criminalizar— la realización de marchas.

En concreto, el artículo 1 de la normativa aprobada establece: "Suspéndase hasta el ocho de diciembre a partir de la vigencia del presente decreto, toda concentración de personas en actos de carácter público o privado que impliquen concentraciones masivas, sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación y en donde no se respeten los protocolos de bioseguridad (...)".

Más adelante, en el mismo artículo, los diputados oficialistas aprobaron que la Policía pueda suspender eventos o impedir la incorporación de la gente a estos, en caso de no cumplir los requisitos antes mencionados.

Asimismo, la Asamblea, con su aprobación, facultó a la Fiscalía General de la República (FGR) a actuar en contra de las personas que convoquen, promuevan u organicen concentraciones de personas.

A estas, según el articulado, les podrán ser aplicadas multas de entre 20 y 100 salarios mínimos. Además, quedó la puerta abierta para que las personas puedan ser procesadas conforme a lo establecido en el artículo 338 del Código Penal, el cual ordena prisión de uno a tres años.

Ante dichas disposiciones, diputados como Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) y Claudia Ortiz (Vamos) fueron enfáticos en mencionar que la iniciativa parecía dirigida al tema de las protestas.

"No estamos diciendo que no se deben dar medidas para controlar la pandemia. Esto solo demuestra que las marchas, que la afluencia de personas que se ha mantenido, generan molestia. Se está viendo como una amenaza que la ciudadanía se manifieste de esta manera", apuntó Ortiz.

Luego, Wright Sol dijo que la falta de discusión que estas medidas han tenido siempre en el órgano legislativo, ya que tanto el Decreto 90 —aprobado y prorrogado y que fue el primero que establecía medidas ante concentraciones— como las disposiciones ayer aprobadas lo han sido con dispensa de trámites, sin ningún estudio ni discusión verdadera.

"Es una clara evidencia que para el gobierno existen aglomeraciones favoritas y otras que incomodan. Lo que aparenta ser es un decreto disfrazado para prevenir el aumento del covid solo para un tipo de concentración", criticó el diputado.

En defensa

Ante ello, el presidente y la vicepresidenta de la Asamblea, Ernesto Castro y Suecy Callejas, respectivamente, defendieron la aprobación del decreto, al que ambos dieron iniciativa.

Ambos se concentraron en decir que no se prohibe la realización de marchas, sino que estas se realicen sin aplicar medidas de bioseguridad. "Concéntrese todo lo que quiera, haga el berrinche que quiera, haga la marcha que quiera, páguele a quien quiera, reciba los fondos de cualquier ONG que desee. Solo le pedimos: use mascarilla, lleve su cartilla de vacunación, vaya a vacunarse", apuntó Callejas.

En un tono similar se pronunció Castro, quien aseguró que no se coarta la libertad de expresión de la población.

"Aquí en ningún momento se está coartando la libertad de expresión, de manifestarse. Pueden seguir haciéndolo, el único objetivo es que se haga con las medidas necesarias", indicó.

Sin embargo, pese a su defensa del decreto, ninguno de los dos legisladores explicó o abordó porqué, entonces, se incluyó que la FGR actúe en contra de organizadores, promotores y convocantes de marchas, dándoles la opción de usar el código penal en su contra.

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