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Coronel Ochoa continúa sin Defensor

El acusado queda a la espera de la asignación de un abogado público. La suspensión se ha realizado en otras ocasiones.

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Sin defensor. Nuevamente el Coronel Ochoa se quedó sin un abogado defensor.

Sin defensor. Nuevamente el Coronel Ochoa se quedó sin un abogado defensor.

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El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador suspendió por cuarta ocasión el inicio de la audiencia preliminar contra el coronel Sigfredo Ochoa Pérez por no tener quien lo represente legalmente.

Ochoa Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR)por el delito de peculado y esta etapa del proceso ha sido suspendida en diferentes ocasiones.

Las dos primeras ocasiones la suspensión fue porque el coronel no tenía un abogado defensor. Cuando finalmente tuvo a alguien, el juzgado volvió a aplazar el procedimiento otorgando un mes para que este pudiera conocer el caso.

"Fue aplazado porque no vino mi defensor. Ayer renunció porque quería que le pagara por adelantado. Ahora me han dejado para el 18 de octubre y me van a poner un abogado público", explicó el acusado.

La Fiscalía señala a Ochoa por peculado, porque, supuestamente, se apropió de dinero proveniente del Estado, en el periodo de 2004 a 2009 cuando fungió como embajador de El Salvador en Honduras. Esto durante las gestiones de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.

Según la tesis fiscal, las investigaciones realizadas encontraron irregularidades en el arrendamiento de dos edificios por un monto total de $107,920 en Honduras, pagados con fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Los hechos ocurrieron cuando el señor Ochoa suscribió un contrato de arrendamiento con una hondureña en el que se pactó un arrendamiento superior al que se estaba pagando, el Ministerio de Relaciones Exteriores erogaba una cantidad mayor a la que pagaba la señora, y el excedente le quedaba al señor Pérez", dijo la auxiliar fiscal.

El proceso también involucra a Walter Alfredo Amaya Escalante, exministro consejero salvadoreño en Honduras, y la hondureña Soledad Funes Donaire de Ramírez, como cómplice por ser la propietaria del local alquilado. Los tres acusados deben responder por el desfalco de $107,920 entre 2005 y 2015.

Ochoa Pérez dejó de ser embajador en Honduras en diciembre de 2009, pero Walter Alfredo Amaya Escalante, en su calidad de ministro consejero en la sede diplomática, continúo el cobro de ese sobreprecio hasta mayo de 2015.

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