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El prontuario de los cinco magistrados impuestos

Estados Unidos incluyó a los cinco abogados impuestos en la Sala de lo Constitucional en la lista Engel, por cometer "acciones que debilitan la democracia" al ser nombrados de forma ilegal y abrir la puerta a la reelección presidencial inmediata.

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Señalados. Los cinco abogados fueron juramentados como constitucionalistas de forma ilegal por una asamblea oficialista el 1 de mayo de 2021, tras golpear a la anterior Sala.

Señalados. Los cinco abogados fueron juramentados como constitucionalistas de forma ilegal por una asamblea oficialista el 1 de mayo de 2021, tras golpear a la anterior Sala.

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El primer acto ilegal lo cometieron aquella noche del 1 de mayo de 2021 mucho antes de ser juramentados: los cinco abogados aceptaron ser impuestos en la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, sin seguir el debido proceso.

El artículo 186 de la Constitución de la República establece que para que la Asamblea Legislativa escoja a los candidatos que opten al cargo de magistrados deberán proceder de dos listas: la propuesta por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) y la del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Ninguno de los cinco abogados impuestos eran parte de los 30 nombres de ambas nóminas.

Sin embargo, José Ángel Pérez Chacón, un exasesor jurídico de la Presidencia; Luis Javier Suárez Magaña, exgerente de operaciones en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (oficina adscrita al Ejecutivo) y excomisionado del IAIP; Óscar Alberto López Jérez, amigo del diputado Guillermo Gallegos y magistrado de la Sala de lo Civil; Elsy Dueñas, quien había quedado sin posibilidad de ser reelegida como magistrada; y Héctor Nahún Martínez, defensor del director de la PNC ante la Asamblea, se enfundaron sus mejores trajes y terminaron juramentados como magistrados por la bancada oficialista y diputados afines al Ejecutivo, tras desarticular a la Sala.

Minutos antes de ese nombramiento, los magistrados "destituidos" emitieron un fallo en el que declararon inconstitucional el decreto aprobado por la Asamblea cian. Consideraron como "grave y relevante" el acto y señalaron que violaba la independencia judicial y no estaba apegada a derecho.

"La falta de beneplácito del Órgano Ejecutivo no es razón para destituir a funcionarios constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta Sala, es decir una coacción", dice el fallo que fue colgado, con dificultades, a las redes sociales de la CSJ.

Esa misma noche llegó el segundo acto ilegal de los impuestos: fueron escoltados desde la Asamblea por agentes policiales y el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro (acusado de corrupción por Estados Unidos), hasta el Palacio Judicial para que pudieran usurpar los despachos en la Sala de lo Constitucional.

Ya en el cargo, llegó la primera acción que reveló el nexo entre los magistrados impuestos y el Ejecutivo: impedir la extradición de influyentes cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) que Estados Unidos reclama desde 2020 por actos relacionados con terrorismo.

El 10 de junio pasado, Pérez Chacón, el exasesor jurídico de Casa Presidencia, pidió en Corte Plena revocar el acuerdo de extradición de Armando Melgar Díaz, alias "Blue", un cabecilla MS-13 que una corte de Virgina reclama para juzgarlo por ocho cargos de terrorismo. Aunque ese día Pérez Chacón perdió, logró entretener el trámite hasta el 26 de agosto pasado, cuando una Corte Suprema ya controlada por el Ejecutivo decidió suspender la extradición hasta nuevo aviso.

Treinta días después de aquella sesión, el mismo exasesor de Bukele repartió las salas y comisiones al interior de la Corte Suprema de Justicia sin tomar en cuenta la opinión de quienes le sugirieron considerar la experiencia de cada magistrado .

López Jerez avaló el reparto anómalo y admitió la falta de experiencia de algunos magistrados para el cargo. Incluso, hay sectores que reclaman que los propios abogados impuestos no están preparados para el puesto: ninguno tiene estudios especializados en derecho constitucional. Tampoco tienen maestrías ni doctorados. Además, de los cinco, tres tampoco tienen carrera en la judicatura.

La más reciente acción ilegal de los cinco magistrados impuestos ocurrió el viernes 3 de septiembre de 2021: la Sala publicó una resolución que abre la posibilidad a la reelección presidencial inmediata.

Los magistrados justificaron su decisión bajo el argumento de que es "el pueblo" quien tiene que decidir; por lo que no le pueden quitar la posibilidad de elegir una segunda vez consecutiva a la misma persona.

Esas acciones llevaron a Washington a incluir a los cinco abogados impuestos en la Sala de lo Constitucional en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como la Lista Engel. Una designación que suspende inmediatamente el permiso para viajar a EUA, y que la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, catalogó como "inicial".

Un golpe a la Sala

La ruta de los magistrados impuestos por la bancada oficialista después de la desarticulación de la Sala de lo Constitucional. 

1 mayo 2021
La bancada de diputados oficialistas, con el apoyo de GANA, PDC y PCN, destituyeron a los cinco magistrados constitucionalistas y nombraron en el cargo a cinco abogados sin experiencia en derecho constitucional.

10 junio 2021
El abogados José Pérez Chacón, impuesto en la Sala de lo Constitucional, intentó revocar el acuerdo de extraditar a “Blue”, un cabecilla de la Mara Salvatrucha que Estados Unidos reclama por actos de terrorismo.

1 julio 2021
Los magistrados oficialistas se agencian las presidencias y coordinaciones de las salas y comisiones de la Corte Suprema de Justicia, puestos clave para la administración de justicia en El Salvador.

3 Sept. 2021
Los magistrados oficialistas emiten un fallo en el que abren la puerta para la reelección inmediata del presidente de la República. Una decisión que viola la restricción impuesta por la Constitución de la República de El Salvador.


Un camino señalado de ilegal

Las acciones de los magistrados impuestos han derivado en actos ilegales y en sanciones internacionales.

1- Ilegal
Diversos sectores han denunciado que el nombramiento de los cinco abogados impuestos en la Sala de lo Constitucional fue ilegal, pues no respetó el debido proceso al saltarse las listas de Fedaes y CNJ. 

2- Demanda de CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la decisión de la Asamblea  de destituir a los cinco magistrados  de la Sala de lo Constitucional y el nombramiento de los impuestos. 

3- Queja internacional
Organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la CorteIDH al Estado de El Salvador por provocar una situación donde no existe institución alguna que tutele los derechos que son vulnerados por el oficialismo. 

4- En la lista Engel
Estados Unidos decidió incluir a los cinco magistrados impuestos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como la Lista Engel, solicitada por el Congreso.

Sin experiencia constitucional

Diversos sectores del Sistema Judicial han denunciado que   los  abogados  impuestos en la Sala de lo Constitucional desde el 1 de mayo de 2021 no están preparados para el puesto: ninguno tiene estudios especializados en derecho constitucional. Tampoco tienen maestrías ni doctorados. Además, de los cinco, tres tampoco tienen carrera en la judicatura.

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