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Estigmatización y pobreza por ser familiar de un reo

Un informe reciente de Azul Originario revela que durante la emergencia por covid-19 no solo salieron perjudicados los privados de libertad en centros penales, sino quienes los esperan afuera.

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Esfuerzo. Los familiares de reos deben depositar dinero en las oficinas de Centros Penales si quieren que sus parientes puedan adquirir productos en las tiendas carcelarias.

Esfuerzo. Los familiares de reos deben depositar dinero en las oficinas de Centros Penales si quieren que sus parientes puedan adquirir productos en las tiendas carcelarias.

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La familia de un salvadoreño que permanece en un centro penal gasta, en promedio, de $25 a $100 mensuales para ayudar a su pariente tras las rejas, aunque eso represente un alto impacto a su propia economía, según un estudio reciente realizado por la asociación Azul Originario sobre las condiciones de los reos y sus familiares durante la emergencia nacional por covid-19.

Y a eso hay que sumarle los altos costos emocionales y sociales, pues los familiares de los privados de libertad llevan meses sin poder conocer las verdaderas condiciones que viven sus seres queridos dentro de la cárcel y también son señalados por la sociedad como "delincuentes", con todo lo que eso implica a la hora de buscar trabajo o una vida "normal".

“Más del 75 % de las familias que participaron para el informe sobreviven del comercio informal. A eso se suma el efecto psicosocial”.

Húber Romero, coordinador de investigaciones de azul originario

"Es precisamente el Estado el que más nos señala y nos expone. Publican las fotos de todos los privados de libertad en calzoncillos y con tatuajes y la gente piensa que todos los reos son así. Es el Estado el que nos señala como criminales de por vida, cuando en realidad la cárcel también tiene el fin de rehabilitar a la persona y que cuando salgan vuelvan a una vida digna", analizó Yanci López, representante de familiares de privados de libertad.

Ella tiene a un familiar preso por un delito menor relacionado a drogas y admite que libra una batalla doble. Por un lado debe buscar subsistir a pesar del estigma que le genera tener a alguien en prisión (ver entrevista aparte) y por el otro debe procurar reunir dinero para su pariente dentro de la cárcel, pues los que están en esa condición necesitan dinero para poder adquirir alimentos, vestuario o paquetes de higiene personal.

LOS GASTOS MAYORES

El "Informe sobre familias de privados de personas privadas de libertad en el contexto de pandemia", de Azul Originario (AZO), revela cuáles son los principales retos de los salvadoreños que atraviesan por esta situación (ver infografía).

Marielos Rodríguez, investigadora de AZO, sostiene que el documento confirma el "alto grado de vulneración a sus derechos" que sufren las familias que cuentan con un pariente en prisión. "Hay privación de servicios básicos, tienen un bajo nivel de escolaridad y en la mayoría de casos no cuentan con niveles dignos de vida", destacó durante la presentación del informe, el 18 de noviembre.

“Es el Estado el que nos señala como criminales de por vida, cuando la cárcel también tiene el fin de rehabilitar”.
Yanci Lópezfamiliar de privado de libertad

El equipo de AZO recabó los datos gracias a la participación de 708 personas, cada una representante de una familia inmersa en la problemática. De esta cifra, la mayor cantidad, 223, dijo que destinan entre $25 y $50 al mes para depositar dinero que sus parientes pueden ocupar en las tiendas penitenciarias. Otras 67 dijeron destinar hasta $100.

Húber Romero, coordinador de investigaciones de AZO, recordó que los costos de los productos en las tiendas penitenciarias son mayores que en tiendas externas, lo que implica que las familias deben hacer un doble sacrificio para proveer a sus parientes. Y destacó que muchas veces ese dinero sale de limitar otros gastos afuera de la prisión, como cuotas escolares o gastos médicos.

"Más del 75 % de las familias que participaron para el informe sobreviven del comercio informal y su economía se vio perjudicada por la pandemia, pues todo se cerró. A eso se suma el enfrentamiento de las familias con la vulneración de sus derechos, con el miedo y con la estigmatización", destacó Romero.

En ese sentido Yanci López expuso que la afectación no solo es económica, sino emocional. "Llevamos desde marzo sin hablar con nuestros familiares que están en centros penales y eso afecta también las relaciones interpersonales. Hay hijos que llevan meses sin saber nada de sus padres y eso rompe el vínculo", criticó.

El informe también revela que el 35 % de estas familias tienen ingresos inferiores a los $200, lo que agudiza la problemática a nivel nacional.

Sin respuesta

La Prensa Gráfica intentó obtener la versión de la Dirección General de Centros Penales sobre la problemática y  remitieron al secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria. Se hizo la petición dos veces pero no hubo una respuesta de su parte.

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