Fuentes cercanas al caso confirmaron que cinco de los fiscales que tenían en sus manos el Caso Catedral y los que había remitido la CICIES fueron trasladados a otras unidades.
Reelección. El actual fiscal general, Rodolfo Delgado, fue reelegido en diciembre de 2021 para un periodo de tres años. Dicha elección fue señalada de irregular por parte de organizaciones sociales.
Las oficinas de los fiscales que trabajaron en el Caso Catedral, dentro del cual se investigaban actos de corrupción de actuales funcionarios gubernamentales, fueron allanadas para incautar "dispositivos de almacenamiento digital", según una orden judicial que reveló ayer el medio digital El Faro.
Según el medio de comunicación, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una pesquisa en contra de siete fiscales que estuvieron en el Grupo Especial Antimafia (GEA) el cual hasta mayo de 2021 había investigado a funcionarios como Carlos Marroquín y Osiris Luna por liderar las negociaciones del gobierno con las pandillas. Además logró documentar que algunos funcionarios del actual gobierno de Nayib Bukele cometieron actos de corrupción durante la emergencia nacional por covid-19, como el mismo Osiris Luna.
La orden judicial fue avalada por el juez Quinto de Paz de San Salvador, Rafael Antonio Iraheta Tamayo, el 10 de enero de este año y ese mismo día iniciaron los registros. La solicitud de allanamiento la hizo la FGR bajo el argumento que tienen información para comprobar que los fiscales señalados revelaron información confidencial sobre el Caso Catedral.
Según la cita que hizo El Faro de la orden judicial, "la diligencia se ha autorizado de las ocho horas del día diez de enero hasta las ocho horas del día 12 de enero con la finalidad de incautar objetos (dispositivos de almacenamiento de información digital) que se utilizaron para la revelación o divulgación de hechos, actuaciones, información o documentación que debería permanecer en reserva. Así como la información obtenida en el curso de la intervención de las telecomunicaciones autorizadas judicialmente relacionado al expediente".
Además, el documento establece que dichas actuaciones están relacionadas con la comisión de los delitos de "divulgación de material reservado, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado judicial".
Según El Faro, tres exfiscales que participaron en las investigaciones del GEA confirmaron que fueron allanados el pasado lunes.
Dos peritos fiscales que fueron delegados deberán extraer información de los aparatos electrónicos de los investigados. La orden judicial detalla que "se autoriza la obtención o extracción y resguardo de información electrónica y análisis de la misma contenida en los dispositivos digitales que se encuentren. Específicamente de la información que tenga relación al delito o delitos investigados".
fiscales trasladados
Fuentes cercanas al Caso Catedral confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que cuatro fiscales que estuvieron involucrados en el Caso Catedral investigaban también los casos que remitió la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (CICIES), relacionados a actos de corrupción que funcionarios del actual gobierno cometieron durante la pandemia por covid-19.
El Grupo Especial Antimafia (GEA) estaba al mando de Germán Arriaza y contaba con la coordinación de Álvaro Rodrígez. Ambos están fuera del país desde hace meses por temor a represalias y hace unos días Arriaza reveló a la agencia internacional Reuters que su equipo logró documentar negociaciones del actual gobierno salvadoreño con las pandillas MS-13 y Barrio 18.
Las fuentes confirmaron además a LPG que cinco fiscales que trabajaron en conjunto con Arriaza fueron trasladados el pasado 10 de enero. Paty Ferrufino, quien era una de las coordinadoras, fue trasladada a San Miguel, igual que Zulma Argueta y Johanna González. La otra fiscal, Carolina Cabrera, fue trasladada a Soyapango. También fue trasladado Arturo Cruz, pero se desconoce a qué sede fiscal lo mandaron. Todos ellos ya fueron sustituidos por otros fiscales nuevos.
El argumento que dieron a los fiscales trasladados fue que no podían seguir allí porque eran de confianza para Arriaza.
Los movimientos y los allanamimentos, según fuentes internas, son acciones de la actual FGR para generar presión sobre Arriaza y sus colaboradores, para que no revelen más información.
Los fiscales contra corrupción e impunidad eran liderados por Arriaza.
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