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Gobierno incumple su propia ley de recompensa

Pese a que la normativa aprobada por la Asamblea establece que hay aspectos que deben ser públicos, el ministro de seguridad indicó que no darán ninguna información que tenga que ver con las recompensas.

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Contradicción. Pese a que la iniciativa de ley llevaba su firma, el ministro de Seguridad contradijo la misma, el jueves, en una entrevista de televisión.

Contradicción. Pese a que la iniciativa de ley llevaba su firma, el ministro de Seguridad contradijo la misma, el jueves, en una entrevista de televisión.

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"Enemigos y ONG han hecho una lluvia de solicitudes de información. Les digo de frente: no se confundan, no les vamos a dar nada de información. Es información reservada. Y nunca vamos a develar nuestras tácticas, nuestras herramientas (...) para que las salgan a publicar abiertamente".

Esa fue la respuesta que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, brindó el pasado jueves por la noche al estatal Noticiero El Salvador al ser consultado por el funcionamiento de la Ley de Recompensas y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo, aprobada el 30 de marzo por la Asamblea Legislativa.

"No les vamos a dar nada. Y no es un capricho. Es simplemente porque ningún país en guerra da información sobre cuáles son sus estrategias o a quién estamos capturando o premiando. Está reservada y lo va a estar por el tiempo que sea necesario", insistió Villatoro en su justificación para negar toda información relacionada a la normativa en cuestión.

La posición del ministro entra en choque con lo dispuesto tanto en la ley en sí, como en las normas de aplicación de la misma, y que fueron publicadas en el Diario Oficial del pasado 9 de junio.

Esto debido a que ambos documentos legales contienen artículos en los que se especifican aspectos que sí deben ser públicos y, por tanto, dados a conocer a la población. Así lo confirmaron legisladores. Inclusive, GANA habló de la posibilidad de revisar la Ley para reformarla y adaptarla a lo dicho por el ministro.

En concreto, el artículo 3 de la ley indica que "los montos de las recompensas y las condiciones serán determinadas por el ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y serán publicadas para que la población conozca de su existencia".

Asimismo, el segundo inciso de dicho artículo establece que el ministerio deberá "publicar una lista que contenga las generales y datos identificativos de las personas requeridas por la justicia y la información necesaria a efectos que las personas a participar en la recompensa tengan los elementos descriptivos para poder ser participe del beneficio del país y ejecutar dicha recompensa".

Luego, el artículo 2 de las Normas para la Aplicación de la Ley de Recompensa y Eliminación de Actos de Terrorismo establece disposiciones similares, en el sentido de dar a conocer detalles de forma pública. Dicho artículo se denomina, de hecho, "creación y publicidad de la lista de miembros de organizaciones terroristas".

El artículo en cuestión reza: "La Policía Nacional Civil (...) elaborará una lista que contenga la referencia de los miembros de las organizaciones terroristas, sus generales o los roles que cumplen dentro de las mismas o cualquier elemento descriptivo que permita su identificación o pertenencia, la cual pondrá a disposición del ministerio de Justicia y Seguridad Pública por cualquier medio".

Después, el segundo inciso menciona: "la publicación de la lista a la que se refiere la ley podrá efectuarse por cualquier medio que resulte idóneo para la captura de los miembros de grupos terroristas".

Cuestionamientos

Debido a todo lo anterior, legisladores cuestionaron la falta de transparencia del ministerio de Seguridad.

Únicamente GANA, en palabras de su jefe de fracción, Juan Carlos Mendoza, consideró que lo conveniente sería revisar la ley para, inclusive, reformarla y adaptarla alas declaraciones dadas por el ministro del ramo.

"Habría que revisarla y ver si tiene algunas aristas que el procedimiento no se vea bien o si la redacción hay que mejorarlar. Creo que todas las leyes siempre tienen ese espacio como para poder revisar, reformar, y si es del visto bueno de todos los grupos parlamentarios, no hay nada escrito en piedra. Siempre se puede arreglar", indicó Mendoza.

Luego, más crítica fue la diputada Anabel Belloso (FMLN), quien lamentó que "ya no extraña" la actitud del funcionario. "Cuando se trata de fondos públicos, esos son auditables. Quienes han llegado a solicitar conocer de esos datos, lo hacen desde su derecho como población a poder tener información", apuntó.

"No es posible que se hayan asignado millones para ese fin. Son $30 millones. A la fecha, ¿cuánto se ha ejecutado", agregó Belloso, que fue enfática en reconocer que la identidad de las personas que denuncian debe ser confidencial, pero que sí se debe auditar el uso de fondos públicos.

También la diputada Claudia Ortiz (Vamos) cuestionó la negativa oficialista y señaló la contradicción entre lo aprobado y lo actuado. "Es entendible que en algunos aspectos sea necesario resguardar alguna información, pero siempre tiene que haber alguien, un ente contralor que tenga acceso y que sea diferente a quien maneja la información. Sino estaríamos ante un riesgo de que ese mecanismo se use para desviar fondos públicos para fines no previstos en la ley", indicó.

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Tags:

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