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"La impunidad por abusos del Gobierno es la norma": Informe de Human Rights Watch dice "Bukele ha socavado las bases democráticas" en El Salvador

El informe habla de los abusos policiales instigados por el presidente Nayib Bukele, las negociaciones del Gobierno con la MS-13 a cambio de apoyo en elecciones de febrero, ataques a periodistas y la ineficacia en proteger a la población de las pandillas, entre otros.

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"La impunidad por abusos del Gobierno es la norma": Informe de Human Rights Watch dice que "Bukele ha socavado las bases democráticas" en El Salvador.

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"Desde que asumió el cargo, el presidente Nayib Bukele ha socavado las bases democráticas, controles y balances" en El Salvador. Así inicia el informe publicado por Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos), organización con sede en Nueva York (Estados Unidos).

El informe denuncia ante el mundo los incesantes abusos cometidos durante la administración de Bukele, agravados durante la pandemia de covid-19. La Fiscalía investiga "a seis funcionarios gubernamentales, incluido el actual ministro de salud, por corrupción y compras indebidas", incluye.

Por obtener un préstamo, Nayib Bukele llamó a la insurrección, amenazó con disolver la Asamblea Legislativa y encabezó una militarización el 9 de febrero de 2020. Frenó sus acciones luego de que Dios le hablara, dijo. Foto de LA PRENSA/Archivo

Recuerda el esfuerzo de intimidación que hizo usando a la Fuerza Armada para militarizar la Asamblea Legislativa para que le aprobaran un préstamo, las órdenes de Bukele para que las fuerzas de seguridad detuvieran a las personas que infringían una cuarentena por covid-19, las detenciones en "centros insalubres y superpoblados llamados 'centros de contención'", donde las autoridades "no aislaron a las personas que dieron positivo por el coronavirus de otros detenidos" y las veces que Bukele desafió tres fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que prohibían dichos arrestos, entre otros abusos.

El informe realiza un resumen en el que enumera el control territorial que ejercen las pandillas, las extorsiones, el reclutamiento de niños, los abusos sexuales a mujeres, niñas, personas de la comunidad LGBT, los asesinatos, desapariciones y desmembramientos que realizan.

Señala que "las fuerzas de seguridad han cometido ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales, desapariciones forzadas y torturas" y "siguen siendo en gran parte ineficaces en proteger a la población de la violencia de las pandillas".

Denuncia la violencia policial y discriminación hacia la población LGBT y cita las negociaciones entre el Gobierno y la Mara Salvatrucha (MS-13) para reducir el número de homicidios y ganar apoyo electoral para las elecciones del próximo 21 de febrero en el que se definen las autoridades de las 262 alcaldías y los diputados de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano. 

Los ataques a los periodistas desde que Bukele asumió el cargo también figuran en el informe. Se destaca las agresiones de Bukele contra El Faro, periódico que reveló las negociaciones entre su Gobierno y las pandillas; así como contra la Revista Factum y el periódico Gato Encerrado. A este último le borraron lo publicado durante seis meses y se metieron a la casa de una periodista para robarle la computadora con la que trabajaba. "El editor de la Revista Disruptiva también sufrió el robo de dos computadoras en casa", señala.

Abusos de las fuerzas de Seguridad

Reseña el uso que Bukele dio a los agentes de Seguridad  en contra de los ciudadanos durante la cuarentena por covid-19, durante la cual "más de 1,600 personas" fueron enviadas a los "insalubres y superpoblados" centros de contención, detenidos hasta por 40 días.

"El presidente Bukele ha alentado las medidas abusivas de ejecución del encierro, incluido el uso excesivo de la fuerza. En abril, ordenó a la policía y al ejército ser "Más duro con las personas que violan la cuarentena", y dijo que no le importaría si la policía "dobló la muñeca de alguien" durante un arresto", recordó.

Cifró en 1,600 el número de denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas durante el encierro.

Destacó las imágenes que el Gobierno publicó durante la pandemia de reos desnudos y apiñados en el piso, la mayoría sin mascarillas, "exacerbando aún más el ya elevado riesgo de contagio".

Bloqueo a justicia por masacre

"La impunidad por los abusos del gobierno es la norma", denuncia el informe. "Un juicio de ex comandantes militares acusados de la masacre de El Mozote de 1981 comenzó en 2016 y continuó al momento de escribir este artículo. Los soldados cometieron violaciones masivas y mataron a 978 civiles en El Mozote, incluidos 553 niños. En septiembre de 2020, los soldados se negaron a cumplir con una orden judicial que permitía a un juez revisar los registros militares sobre la masacre. El presidente Bukele dijo que era el único que tenía derecho a desclasificar los archivos militares y anunció que los entregaría al juez", continúa.

"En octubre, el tribunal reportó que había recibido los registros militares. Sin embargo, la información que contenido era casi idéntico a los registros que el gobierno anterior había entregado a los tribunales, que también manifestaron que la presidencia no tenía información adicional sobre la masacre", señala.

Derechos sexuales y reproductivos de la mujerRecuerda que en El Salvador el aborto sigue siendo ilegal en todas las circunstancias y que "a septiembre de 2020, 19 mujeres que dijeron haber sufrido emergencias obstétricas permanecían encarceladas por cargos de aborto, homicidio u homicidio agravado".

Violencia a comunidad LGBT

"En junio de 2019, el presidente Bukele disolvió la Secretaría de Inclusión Social, dentro de la cual se fundamentó la Dirección de Diversidad Sexual, y subsumió la dirección en una Unidad de Género existente en el Ministerio de Cultura, rebautizada como Unidad de Género y Diversidad.

Los activistas LGBT criticaron la medida, protestando porque pocas de sus graves preocupaciones con respecto a la seguridad y la discriminación podrían ser adecuadamente abordados en el ámbito de la cultura", señala.

"Las personas LGBT siguen siendo objeto de violencia homofóbica y transfóbica por parte de la policía, las pandillas y otros... Las estadísticas oficiales publicadas en enero de 2020 mostraron 692 casos de violencia contra personas LGBT e intersex desde enero de 2015 hasta junio de 2019.En mayo de 2019, la Defensoría del Pueblo documentó 19 asesinatos sin resolver de Personas LGBT, principalmente mujeres transgénero, entre 2009 y 2016. Solo entre octubre de 2019 y abril de 2020, al menos siete mujeres trans y dos hombres homosexuales fueron asesinados en El Salvador, con detalles en los casos que sugieren los asesinos habían sido motivados por el odio basado en la identidad de género de las víctimas o orientación sexual", reseña el informe.

Por otro lado, destaca la condena histórica contra tres policías por la muerte de Camila Díaz Córdova, una mujer trans deportada de Estados Unidos.

Desplazamientos

"Según las últimas estadísticas disponibles, 71.500 personas fueron desplazadas internamente entre 2006 y 2016. Al 2019, los salvadoreños tenían más de 136,000 solicitudes de asilo pendientes en otros países, la mayoría de ellos en EE. UU. Desde 2013 hasta 2019, 138 salvadoreños fueron asesinados luego de ser deportados del Estados Unidos, y más de 70 fueron golpeados, agredidos sexualmente, extorsionados o torturados".

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