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"La separación de poderes se ha desvanecido en el país"

A poco de que la legislatura 2021-2024 cumpla 100 días de haber entrado en funciones, señalan complicidad de los diputados en violaciones a la Constitución y en la aprobación inconsulta de legislación impopular.

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Marjorie de Trigueros Directora DEL, FUSADES

Marjorie de Trigueros Directora DEL, FUSADES

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El 8 de agosto la legislatura 2021-2024, dominada por el oficialismo, cumple 100 días de estar en funciones.

En esta entrevista, la directora del Departamento de Estudios Legales (DEL), de FUSADES, Marjorie de Trigueros, hace una evaluación de qué tanto los diputados han respetado los límites jurídicos que fija la Constitución y demás leyes; y las consecuencias que ha tenido el hecho de no cumplirlos como deben.

Con el panorama actual, la representante del DEL indica que la población debe tener una participación activa en cuanto a que el Estado le garantice sus derechos fundamentales.

Estamos por llegar a los primeros 100 días de esta legislatura, ¿cómo evalúa el cumplimiento de las normativas y los procedimientos legales de los actuales diputados?

La población le ha otorgado al partido de gobierno la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, pero esto no significa que tiene un cheque en blanco. Debemos recordar que el ejercicio del poder político en un contexto en el que los apoyos legislativos al presidente de la república superan la mayoría calificada, encuentra un límite en la Constitución, en los derechos fundamentales que deben garantizarse a todas las personas y sobre los cuales no pueden regularse desmejoras aun con el apoyo de las mayorías. Hemos visto con preocupación que la actividad legislativa se ha caracterizado en muchos casos por la ausencia de deliberación y discusión, y se han mandado a archivo muchas piezas legislativas sin mayor análisis.

Junto a los partidos afines alcanzan todas las mayorías requeridas en el ordenamiento, pero el ejercicio del poder por las mayorías encuentra su límite en la Constitución de modo que no puede, por ejemplo, establecer normas o realizar acciones que desmejoren los derechos fundamentales, incluidos los regímenes de excepción desproporcionados; manipular las normas sobre el sistema electoral, a fin de generar ventajas indebidas, interferir en la independencia de las instituciones de control (CSJ, CNJ, FGR, PDDH, PGR, TSE, CCR), reformar la Constitución regresivamente en cuanto a cláusulas pétreas y derechos fundamentales o saltarse el proceso de reforma previsto, desobedecer resoluciones y sentencias judiciales.

“Aunque conforme con la Constitución los diputados no representan al partido político por el que fueron elegidos, sino al pueblo entero, en la realidad esto no se ha observado”.

Varios de esos límites jurídicos al ejercicio del poder político ya han sido rotos de la forma más grave. Una primera acción inconstitucional fue la integración del Asamblea Legislativa sin representación de la oposición política, contrario a los principios de representación y pluralismo (art. 85 Cn.). Además, entre mayo y junio (hasta dónde hemos analizado) el 51% de los decretos se aprobaron en el mismo día en el que fueron presentados, a pesar que no eran temas urgentes, sino más bien temas que se querían pasar sin que el pueblo supiera hasta que estaban aprobados. Ejemplo: Ley Bitcóin.

Los actos más graves en contra de la Constitución, son los que se refieren a la destitución, sin causas legales y sin debido proceso, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y del Fiscal General de la República y el nombramiento completamente arbitrario, de otros en su lugar, que es la más grave Violación a la separación de poderes desde la vigencia de la actual Constitución.

Solo con estos tres elementos, puede asegurarse que no se han respetado las normativas y los procedimientos que deben respetar. Y eso que los creadores del derecho, debieran ser los primeros en respetarlo.

A partir de lo anterior, ¿cuál es la evaluación que hace del trabajo de los diputados?

La Asamblea actúa por medio de los diputados, por lo que las violaciones a la ley y a la Constitución enunciadas también son responsabilidad de los diputados que las aprueban. Aunque conforme con la Constitución los diputados no representan al partido político por el que fueron elegidos, sino al pueblo entero, en la realidad esto no se ha observado.

¿Considera que las decisiones tomadas por la Asamblea responden a las necesidades de la población?

Alrededor del 75% de los 104 decreto legislativos que se han publicado en el Diario Oficial entre el 1 de mayo y 27 de julio de 2021 (el último Diario disponible a la fecha de responder esta entrevista) tratan sobre aprobación, ratificación o modificación de préstamos, reformas al presupuesto y modificación de la integración y atribuciones de distintas instituciones del Estado.

Entonces el grueso de la actividad legislativa ha sido sobre dinero público y ejercicio de poder. Luego hay algunos decretos en materia civil, mercantil y relacionadas, alguno sobre recuperación económica y limitación de actividades públicas en el contexto de la pandemia, entre otros temas. Esto muestra que la actividad legislativa ha estado enfocada en el Estado y su financiamiento.

¿Quién es? Marjorie de Trigueros Directora DEL, FUSADES
Trayectoria: Abogada. Durante más de 12 años se desempeñó como investigadora de FUSADES.

La primera decisión que tomaron los diputados fue destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y poner en su lugar a otras personas. ¿A qué cree que responde esa decisión?

Se trata de la violación más grave a la independencia judicial desde la vigencia de la Constitución. Esto se enmarca en un contexto más amplio de desmantelamiento de las instituciones de control del poder, en la misma línea que los retrocesos en la independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, la expulsión de la CICIES o la propuesta de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que prácticamente quitaría a la ciudadanía el derecho que tienen de saber lo que realmente hacen sus gobernantes. Todo es parte de una línea de actuación en contra del Estado de derecho y la acumulación indebida de poder.

¿Considera que existe separación entre los tres Órganos del Estado?

No. La separación de poderes se ha desvanecido en el país. Ese mandato constitucional se ha violado flagrantemente desde el 1º de mayo con el desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional, pero ya desde antes cuando el presidente de la república desobedecía sentencias judiciales, por ejemplo, en el contexto de las privaciones de libertad durante la pandemia o con la militarización de la Asamblea Legislativa que en febrero de 2020 aún tenía mayoría de la oposición. Seguramente quedan jueces valientes y funcionarios con convicción democrática en el ejercicio de sus funciones, pero en términos generales, la separación de poderes se ha desvanecido. Lo grave de esto es que, por ejemplo, la falta de una Sala de lo Constitucional independiente deja a los ciudadanos sin importantes garantías para la protección de sus derechos.

“El grueso de la actividad legislativa ha sido sobre dinero público y ejercicio de poder... Esto muestra que la actividad legislativa ha estado enfocada en el Estado y su financiamiento”.

La mayor parte de los diputados de la Asamblea son afines al Gobierno. ¿Es esto saludable para el país?

Luego de las elecciones del 28 de febrero de 2021 no era previsible que la Asamblea Legislativa ejerciera algún control sobre el Ejecutivo, pero hasta ahí los resultados eran conforme con la Constitución. La conservación del Estado de derecho residía en otros controles, como la Sala de lo Constitucional que sería garante de la Constitución hasta 2027. La democracia pierde toda su salud porque el ejercicio legítimo del poder implica el respeto a la Constitución, y sin justicia constitucional independiente no ha garantía de ello.

En las próximas semanas es posible que la Asamblea reciba unas propuestas de reformas a la Constitución por parte del equipo ad hoc. ¿Cuál debe ser el procedimiento que sigan los diputados y con el que respeten el proceso de reforma que está descrito en la legislación?

Primero hay que tener claro que hay temas irreformables, tal es el caso de los elementos esenciales de la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Luego, puede asegurarse que jurídicamente solo hay un proceso de reforma a la Constitución que es posible seguir actualmente. Está determinado por el artículo 248 Cn. y la jurisprudencia constitucional

¿Por qué cree que el Gobierno impulsa este mecanismo para reformar la Constitución? ¿Es un procedimiento que les corresponde hacer?

La posibilidad del pueblo de quitar a los gobernantes que no le gustan, perseguir la corrupción, proteger los derechos más básicos como la libertad, la propiedad, el trabajo y la igualdad, todo parte de la Constitución. Por ello, la reforma a esta norma fundamental es uno de los temas más importantes para una sociedad. En estos procesos es indispensable la transparencia, la participación ciudadana inclusiva y plural, y un ambiente de diálogo y confianza, pues sin ellos es difícil que un proceso sea legítimo y sostenible. Igualmente, es preciso el apego a los procedimientos establecidos y el respeto de los contenidos esenciales en cuanto a garantías de derechos y limitación de los excesos y abusos de poder.

Sabemos que al Gobierno le interesa cambiar la Constitución, porque lo está impulsando desde septiembre del año pasado, pero no ha dicho por qué, ni qué es lo que a él le interesa cambiar. Se han mencionado muchos temas, sin detalles. La principal preocupación es que se trate de un medio para acumular y retener poder político indebidamente.

¿Cuál debe ser el papel de la ciudadanía cuando ya comience la Asamblea a evaluar estas propuestas de reformas?

La Constitución garantiza los derechos fundamentales de todos los salvadoreños, son las reglas que rigen nuestra vida, y establece los límites al poder político para evitar abusos y atropellos a los ciudadanos. Es por ello que todos tenemos algo que decir en la reforma Constitucional, y el primer llamado es exigir que la reforma a la Constitución, se haga de forma constitucional. Una constitución que nace ilegítimamente no tendrá la robustez de hacerse valer ante un pueblo.

Los derechos más elementales de la población están en la Constitución. Los límites a quien ocupa el poder para que no abuse de él en contra de las personas también están en la Constitución. Por ello, la reforma de esta es uno de los temas más importantes para una sociedad. Creo que el rol de la ciudadanía empieza por estar informados, no solo con la posición oficial, sino por distintos medios, y hacer escuchar su voz exigir transparencia, diálogo, responsabilidad y honestidad.

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