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Las Cámaras de lo Penal están en la mira por falta de independencia

Según abogados y jueces, las Cámaras Primera, Segunda y Tercera de lo Penal trabajan ahora bajo ciertos lineamientos que hacen cuestionar su independencia a la hora de emitir resoluciones.

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Cambios.  Todos los magistrados de la Cámara de lo penal fueron removidos por la reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

Cambios. Todos los magistrados de la Cámara de lo penal fueron removidos por la reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

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El 18 de enero los magistrados impuestos en la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, Aníbal Enrique Alfaro Ojeda y Mario Osmín Miramontes, resolvieron que cuatro exfuncionarios del FMLN acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por recibir sobresueldos deberán continuar en prisión provisional, pese a que legalmente tienen la posibilidad de recibir medidas sustitutivas debido a los arraigos que han presentado y las condiciones de salud de algunos de ellos.

La Cámara desechó los recursos de apelación presentados por los abogados defensores de los exfuncionarios y consideró que deben permanecer detenidos mientras finaliza la fase de instrucción y se desarrolla la audiencia preliminar, en la que un juzgado decidirá si son enviados a juicio o son exonerados de los cargos.

Oswaldo Feusier, abogado defensor de Violeta Menjívar, una de las imputadas, dijo que era una decisión que se esperaba, ya que no hay independencia judicial en la Cámara. "Se trata de la decisión esperada, por el nivel de contaminación y deterioro del principio de independencia judicial. Se trata de una resolución que generaliza el uso de la detención provisional basada en la sola consideración de la pena, y se basa en argumentaciones superficiales, casi calcadas del acta de audiencia inicial", aseveró.

Cuando este caso inició estuvo a cargo de Carlos Alberto Iraheta Zelaya como juez interino del Juzgado Segundo de Paz. Él fue quien decretó la detención provisional para todos los imputados. Ahora Iraheta Zelaya es magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal, que también ha sido señalada por emitir resoluciones controversiales.

Él se vio beneficiado por el decreto que entró en vigencia el 26 de septiembre de 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ), electa en su mayoría por el oficialismo, removió a los seis magistrados de las Cámaras e impuso a otros.

La Cámara Primera de lo Penal estaba compuesta por los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Carlos Ernesto Sánchez. La segunda estaba conformada por las magistradas Ana Victoria Del Rosario y Rosa María Fortín, y la Tercera por Nora Montoya y Martín Rogel.

En su lugar fueron impuestos nuevos magistrados que han decretado en los últimos cuatro meses resoluciones de casos polémicos, en los cuales se han visto perjudicados enemigos del actual gobierno.

SUS ACTUACIONES

La primera en emitir una resolución polémica fue la Cámara Tercera de lo Penal, compuesta actualmente por Carlos Alberto Iraheta Zelaya y Ercilia Artiga. El 1 de octubre de 2021 ellos revocaron el arresto domiciliario del ex alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt y decretaron nuevamente la detención provisional en su contra. Los anteriores magistrados habían ordenado que se cumpliera el arresto domiciliario, pero cuando ellos salieron todo cambió.

Otra de las resoluciones de esta Cámara está ligada al Caso Asocambio, cuando decretó a finales de noviembre de 2021 detención provisional contra 21 imputados, a pesar que el Juzgado Sexto de Paz había dado en septiembre medidas sustitutivas. La Cámara ordenó que los imputados, que también son exfuncionarios del FMLN, fueran detenidos nuevamente debido a "un peligro de fuga".

Estos mismos magistrados anularon en enero de este año el sobreseimiento definitivo otorgado por el Juzgado Noveno de Paz a favor de la abogada Bertha María Deleón y ordenaron que el caso pase a la fase de instrucción.

La Cámara Primera de lo Penal no se queda atrás. El pasado 18 de enero los magistrados Ramón Iván García y Laura Liseth Chacón emitieron una resolución en la que decretan que el diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, sea capturado y que el caso pase a la etapa de instrucción. Esto luego que el funcionario fuera desaforado por la Asamblea Legislativa, a pesar de especialistas aseguran que solo el Parlacen podía desaforarlo.

Sobre estas decisiones, la abogada penalista Marcela Galeas destacó que en un proceso judicial es imprescindible la independencia judicial y que el juzgador debe proceder de "manera imparcial", entendiéndose la independencia como "la ausencia de presiones, interferencias que impidan que el operador judicial proceda según su criterio jurídico en atención de los principios y valores consignados en las normas y la ética".

Martín Rogel, exmagistrado de la Cámara Tercera, habló sobre el trabajo importante que desarrollan las Cámaras y la competencia fundamental que tienen, ya que pueden sentar criterios importantes en la aplicación de la ley. Por ello es importante su independencia.

"Cuando no existen esas facultades (independencia) y existe temor al pronunciar decisiones que en algún momento sean incómodas para la jerarquía del poder, se va minando la esencia del Órgano Judicial", aseguró.

Juan Antonio Durán, juez de Sentencia de Zacatecoluca, dijo que los funcionarios nombrados en septiembre pasado muestran un "clientelismo político y de lealtades personales". "Las Cámaras han perdido el prestigio y responden a lo que por ahora quiera el régimen del señor Bukele", expuso.

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