Mujeres ya no podrán ser criminalizadas por sospechas de aborto en El Salvador

La sentencia de la Corte IDH deja un precedente para proteger a las mujeres que sufren emergencias obstétricas ante el procedimiento que realiza el personal médico.

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Histórico. Las tres organizaciones que apoyaron el caso hablaron sobre los logros obtenidos.

Histórico. Las tres organizaciones que apoyaron el caso hablaron sobre los logros obtenidos.

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La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Manuela y familiares versus El Salvador sentó un precedente en la protección de derechos de las mujeres en El Salvador, según lo dijeron ayer organizaciones que velan por los derechos de las mujeres salvadoreñas.

Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, dijo ayer que "con esta sentencia, que es una buena noticia para las mujeres en El Salvador, el actual Gobierno tiene la oportunidad de reparar a la familia de Manuela en representación del Estado. Tiene la oportunidad de establecer medidas para que hechos como estos no se vuelvan a repetir".

La Corte IDH condenó al Estado Salvadoreño como responsable por las violaciones a los derechos humanos que sufrió Manuela, desde que tuvo un aborto espontáneo hasta su muerte en el área de reos del Hospital Rosales.

Manuela había sido condenada a 30 años de prisión por un supuesto aborto. La Corte determinó que Manuela en realidad tuvo una emergencia obstétrica y que no tuvo la atención ni la protección por parte del estado salvadoreño.

La institución internacional de derechos humanos ha pedido como medidas de reparación garantizar el secreto profesional del personal de salud para que ninguna mujer que intente acceder a servicios de salud reproductiva sea denunciada por supuestos delitos de aborto. Además, pidió crear protocolos para atender emergencias obstétricas con "servicios de salud accesibles y de calidad". Sumado a esto, el Estado deberá crear políticas públicas de no repetición para que ninguna otra mujer sufra una situación similar.

En dicha sentencia, la Corte IDH ha reconocido que desde que se penaliza el aborto en El Salvador, las mujeres han sido criminializadas.

Herrera aclaró que todos los casos de emergencias obstétricas son de mujeres que provienen de zonas rurales, tienen escasos recursos económicos y son de baja escolaridad.

"La Corte da un paso adelante contemplando que las emergencias obstétricas nunca deben ser decididas por la vía penal y que la culpabilidad de Manuela nunca fue cierta. El Estado se equivocó. Manuela fue inocente", aseveró Carmen Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos.

También recalcó que esta sentencia es un acto reparador, no solo para Manuela y su familia, sino que también para todas aquellas mujeres que han sido estigmatizadas por la criminalización del aborto.

Destacó que en el país se han visto las consecuencias extremas del uso del derecho penal cuando se trata de los derechos de salud reproductivos.

"Por esta (ley) que prohíbe el aborto en todas sus formas, siendo este un servicio de salud reproductiva y considerado esencial por estándares médicos internacionales, es lamentable que en El Salvador tenga las consecuencias más nefastas", aseguró.

Angélica Rivas, del Colectivo Feminista informó que hasta el momento tienen en estudio 20 casos de emergencias obstétricas con características similares a las de Manuela. Entre ellas ya hay privadas de libertad y otras que están en proceso de ser condenadas. "En El Salvador el patrón que ha sido sistemático y violatorio a derechos humanos es que, por tener emergencias obstétricas, estas mujeres han sido criminalizadas y no se investiga todo el entorno que rodea la situación de la mujer", detalló.

Sobre si el Estado debe cumplir con lo dicho por la Corte IDH, Herrera dijo que esta sentencia es vinculante y de obligatorio cumplimiento y que en caso de no cumplirse, la Corte tiene mecanismos de seguimiento.

Aunado a esto, recalcó que El Salvador tiene un acuerdo internacional donde los estados se comprometen a cumplir las sentencias de la Corte. "De manera soberana, El Salvador ha aceptado esas reglas", aclaró.

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