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Relato | La comunidad que fue desprotegida por el Estado

Vecinos de la calle San Salvador, de la Colonia Centroamérica denuncian que la alcaldía de San Salvador removió un portón que los protegía del acecho de las pandillas de la zona.

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Removido. Empleados de la Alcaldía de San Salvador retiraron el portón que en agosto 2020 los vecinos del pasaje 9 de la calle San Salvador instalaron.

Removido. Empleados de la Alcaldía de San Salvador retiraron el portón que en agosto 2020 los vecinos del pasaje 9 de la calle San Salvador instalaron.

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La mañana del 4 de junio, 20 empleados de la Alcaldía de San Salvador llegaron con indicaciones de retirar un portón que brindaba seguridad a los vecinos del pasaje 9, de la calle San Salvador, en la colonia Centroamérica. En menos de 25 minutos, desmantelaron la armazón de metal que, desde hace un año, daba calma a vecinas como Carmen (nombre ficticio).

A ella, en 2018, sujetos armados la asaltaron y privaron de libertad en su propia vivienda. Por eso, cuando los trabajadores municipales retiraron el portón, sintió, de nuevo, mucho temor, pues la colonia Centroamérica es un territorio que, como muchas partes del país, está controlada por las pandillas o por la delincuencia.

Los vecinos sintieron que el Estado estaba dejándolos desprotegidos, y esa no era la primera vez. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, bajo la administración de Ernesto Muyshondt (ARENA), empleados de la comuna intentaron remover el portón dos veces, pero la oposición de los vecinos no se los permitió.

Lo impidieron porque sabían que su instalación era necesaria por los hurtos, acoso sexual, tráfico de drogas que se dan en la zona y por las pandillas. De esto también hay denuncias de vecinos en redes sociales y en comunicación con la misma alcaldía. Además, fuentes policiales de la zona le confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que estos hechos ocurren de manera continua.

Los vecinos también recuerdan que el día que instalaron el portón en el pasaje 9, en presencia de agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), se acercó uno de los "muchachos" a grabarlos y a lanzar amenazas.

"Cuando el muchacho se iba se levantó la camisa y nos tiró las letras. Cuando vimos que el CAM no dijo nada, supimos que no era normal que los protegieran", cuenta Carmen.

Estos hechos ocurren en un momento en el que la narrativa gubernamental ha intentado mostrar el descenso de los homicidios como el retorno del control de los territorios. En la calle, sin embargo, la violencia se mantiene constante y aunque el Plan Control Territorial, del que no hay detalles, ha generado una deuda de más de $200 millones, muchos ciudadanos continúan sintiéndose expuestos en sus propias comunidades.

El temor se acrecentó en el pasaje 9

El pasaje 9 es un espacio estrecho, con seis casas, que conecta la calle San Salvador con el parque de la Centroamérica. Ahí viven, en su mayoría, adultos mayores y algunos con discapacidad, según dicen los mismos habitantes. El portón les garantizaba seguridad, sobre todo, por las noches, ya que en el día, por acuerdo, se mantenía abierto.

En este lugar, en febrero 2018, cuando aún no habían instalado el portón, Carmen fue asaltada en su vivienda. Cuenta que una noche, cuando su esposo salía de la casa, fue interceptado por cuatro hombres armados y forzado a entrar a su vivienda en silencio.

"Cuando lo escuché entrar salí de la cocina y vi a los sujetos. Uno de ellos le puso el arma en la cabeza y le dijo que guardara silencio", rememora. Mientras dos los vigilaban a ella y a su esposo, otros dos saqueaban todo lo que tenían en la casa: televisor, prendas y todos los electrodomésticos que fue posible llevarse, incluido su carro. "Ese día vi cómo se llevaban todo lo que había construido en una vida", dice Carmen. "Hasta hace poco mi esposo me contó que lo golpearon y yo pasé mal mucho tiempo después de eso, me sentía insegura", cuenta.

Carmen libró una batalla legal contra los sujetos que le robaron, pero el juicio terminó en trabajo social para los acusados y para ella no hubo reparación. Esta escena, dijo, se ha repetido varias veces en ese pasaje y en otros de la colonia sin que las autoridades logren frenarla.

Por el grado de peligrosidad de su colonia, cuando instalaron el portón, en agosto de 2020, los vecinos no imaginaron que entrarían en un conflicto con la alcaldía. Se enteraron de que había denuncias por su instalación hasta que empleados municipales a trataron de removerlo.

El 11 de enero, los vecinos solicitaron a la Contravencional ser notificados en el caso, pues el artículo 131 del Código Municipal establece que cuando un funcionario municipal recibe una denuncia "citará en legal forma al infractor". Este derecho no lo tuvieron los vecinos del pasaje 9. Tampoco obtuvieron respuesta a sus peticiones de ser notificados, incluida una al concejo municipal.

Vía acceso a la información, entonces, solicitaron la resolución donde la Contravencional había determinado eliminar el portón. El 20 de enero obtuvieron la respuesta: era un "proceso administrativo sancionatorio, por medio de una denuncia ciudadana interpuesta por personas de la Comunidad Bambular y la Calle Managua de la Colonia Centroamérica".

La justificación de la denuncia es que el portón, que se mantenía abierto durante el día, obstruía el tránsito de los habitantes de la otra comunidad hacia el parque. Sin embargo, al parque se puede llegar por dos vías más, que están contiguas al pasaje 9.

La comunidad Bambular, según fuentes policiales, es una de las fronteras invisibles de la zona, pues es controlada por pandillas. De esta comunidad provienen comerciantes que visitan las casas de la Colonia Centroamérica y que, según cuenta Carmen, viven la zozobra de la violencia en su propia comunidad. Sin embargo, "los muchachos que controlan" la Centroamérica, en muchos de los casos también provienen de ahí. Los vecinos del pasaje 9 temen, por esto, que la denuncia tenga intenciones de eliminar el espacio de seguridad que había sido creado en esta calle. Y la ausencia de una notificación por parte de la alcaldía incrementó la incertidumbre.

Benjamín Rivas Sermeño, el abogado que acompañó a los vecinos de la Comunidad Bambular para interponer la denuncia, asegura que el argumento para desinstalarlo es que no tenían autorización del Viceministerio de Transporte (VMT) ni de la alcaldía. Sin embargo, los vecinos argumentan que representantes de la Subgerencia de Participación Ciudadana de la alcaldía los autorizaron y les pidieron recoger firmas del pasaje en caso de que hubiera un inconveniente. Así lo hicieron.

Al consultar al personal de la Contravencional sobre este tipo de procedimientos, explicaron que hay muchos portones en San Salvador que no tienen autorización del VMT. "Pero mientras no exista una denuncia, no serán retirados".

No obstante, sin previa notificación, el 4 de junio, los vecinos vieron cómo las autoridades desbarataban el portón. Varias mujeres alegaron con los encargados del operativo, pero ninguna palabra valió.

Los días siguientes al retiro del portón han sido, para los vecinos del pasaje 9, una pesadilla. Han sido amenazadas por "los muchachos" que controlan la zona. "Ya vieron que a Durán le vale", les ha gritado uno de ellos, aseguran. "El temor es que desprotejan a otros ciudadanos, en otras colonias donde pasa lo mismo", dice Carmen, que a sus años ha visto cómo San Salvador ha ido levantando murallas para librarse de la violencia.

Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad, explica que en la última década ha sido creciente el número de comunidades que invierten en infraestructura por su seguridad. "Ante la ausencia del Estado y la incapacidad de cobertura en materia de seguridad por parte de la PNC, la gente adopta medidas de seguridad".

En la Encuesta de Percepción de la Seguridad del año 2018, los ciudadanos manifestaron que un 15.82% de la población ha invertido en muros, rejas o paredes exteriores a su vivienda, por seguridad. Y un 5.36% vive en lugares donde su calle está cerrada con portones por la misma situación. De los últimos años, sin embargo, no existen datos sobre este tema.

Aguilar analiza que fuera del impacto mediático del PCT "la realidad que muestran las comunidades, sobre todo los sectores populosos, es otra. Los grupos delincuenciales siguen ejerciendo un control territorial en torno a las decisiones comunitarias".

"Nos han dejado en riesgo de muerte", le reclama Carmen al Estado. Dos administraciones vieron este conflicto: la de Muyshondt y la que la concretó: la de Mario Durán, de Nuevas Ideas. Para los vecinos, sin importar quien gobierne, los dejaron desprotegidos.

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