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Senado rechaza solicitud de Biden de $861 millones para apoyar a los gobiernos centrales de El Salvador, Honduras y Guatemala

Su rechazo ha sido bajo la justificación que en los países centroamericanos se tienen "pocas pruebas de que los altos funcionarios tengan la voluntad de actuar como socios creíbles de los Estados Unidos".

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Foto: Archivo

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El comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos rechazó la solicitud de la Administración de Joe Biden de $861 millones para ayudar a los gobiernos centrales del Triángulo Norte. 

Su rechazo ha sido bajo la justificación que en los países centroamericanos se tienen "pocas pruebas de que los altos funcionarios tengan la voluntad de actuar como socios creíbles de los Estados Unidos para abordar estas y otras causas fundamentales de la migración, o para defender el estado de derecho".

Agregaron que "las inversiones estadounidenses pasadas han fracasado en gran medida en lograr resultados sostenibles en la reducción del tráfico de drogas, la corrupción y la violencia, o el crecimiento económico equitativo".   

Por lo que han establecido condiciones sobre el 50% de la asistencia a los gobiernos centrales de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Además, han ordenado la revisión del uso de los fondos utilizados para apoyar la asitencia técnica para fortalecer la capacidad intelectual de los fiscales general y las unidades especializadas en la lucha contra la corrupción de estos países.

Han detallado que los seguirán apoyando "siempre que dichas entidades demuestren independencia política y voluntad de procesar casos de alto nivel, incluso contra altos funcionarios, legisladores e individuos independientes".

Estados Unidos ha señalado a varios funcionarios y exfuncionarios de El Salvador en la Lista Engel, acusados de corrupción y socavar la democracia en el país, sin embargo, el sistema judicial no ha actuado ni iniciado ningún proceso en su contra, varios de ellos forman parte del gabinete gubernamental o son aliados del presidente Nayib Bukele.

También, en el golpe del pasado 1 de mayo por parte de los diputados oficialistas, en donde destituyeron a los magistrados de la Sala de Constitucional y al fiscal general, imponiendo a personas que se rigen bajo sus lineamientos, se dejó establecido que el sistema judicial está influenciado por el ejecutivo y no hay toma de medidas independientes.

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