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Apuntes después de la tormenta o sobre un Estado que se resigna

Al gobierno de turno le corresponde la abrumadora tarea de paliar, así ha ocurrido sucesivamente con poco éxito porque el riesgo de quienes viven al borde de quebradas y ríos no ha hecho sino aumentar con el paso de los años. Pero sí hay un reclamo indiscutible para la administración Bukele: la centralización de los recursos y el debilitamiento del poder de gestión municipal conspira contra la atención de las personas afectadas y la velocidad de reacción ante la vulnerabilidad de los de renta más baja.

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Una tormenta asaltó ayer por sorpresa a los capitalinos; de los estragos e inconvenientes dan cuenta LA PRENSA GRÁFICA, otros medios de comunicación y muchos ciudadanos que consignaron el anegamiento de calles, colapso de árboles, muros y tapiales a través de sus redes sociales. Tuvo que ver no sólo la violencia de la precipitación sino la acumulación de agua de los últimos días, que vuelve el suelo pesado y profundiza la vulnerabilidad de ciertas condiciones.

Los desastres naturales así como la afectación de servicios y amenazas a la seguridad propiciada por los fenómenos climatológicos no tienen ideología ni partido político, afectan de modo transversal a toda la población y es imposible endilgarle la culpa a una institución o administración en específico. Pero el Estado no puede deslindarse de su responsabilidad por no invertir lo suficiente en la protección del medio ambiente, la racionalización del crecimiento urbano, no invertir lo suficiente en mitigación y haber naturalizado durante décadas el concepto de que la vulnerabilidad residencial es proporcional a la pobreza.

Esas condicionantes no alcanzan a explicar la fragilidad del entorno urbano, como lo demostraron ayer las preocupantes imágenes de un San Salvador cercado por el agua. Pero es ahí donde los hábitos y usos de consumo, culturales y las soluciones que la población ha encontrado a la marginalidad se vuelven en su misma contra. Es que como consecuencia de la exclusión y del alto costo de la tierra y la vivienda, decenas de miles de ciudadanos se agolpan en cinturones geográficamente riesgosos, y esa concentración, esa densidad, multiplican todavía más el riesgo.

Al final de esa cadena de taras hay que incluir la deficiente renovación de las infraestructuras de drenaje, distribución de aguas y descarga de aguas residuales, amén del deterioro de estructuras de conectividad peatonal o motorizada. A diferencia de con lo privado, que es objeto de sistemáticas reparaciones, con lo público hay un proceso de degradación ante el que el Estado se ha resignado e insensibilizado.

Al gobierno de turno le corresponde la abrumadora tarea de paliar, así ha ocurrido sucesivamente con poco éxito porque el riesgo de quienes viven al borde de quebradas y ríos no ha hecho sino aumentar con el paso de los años. Pero sí hay un reclamo indiscutible para la administración Bukele: la centralización de los recursos y el debilitamiento del poder de gestión municipal conspira contra la atención de las personas afectadas y la velocidad de reacción ante la vulnerabilidad de los de renta más baja.

Sin autonomía de recursos, en general los procesos de mitigación y asistencia no son sino de naturaleza aislada. Y aunque la acción gubernamental finalmente ocurra, se puede perder tiempo valioso y dilapidar conocimiento decisivo acerca de la identidad territorial y la cohesión social propias de cada cantón y barrio en la medida que se pretenda intervenir sin involucrar y darle protagonismo al alcalde y a los líderes de cada comunidad. En este sentido, la lectura en clave solamente política de la gestión municipal y de la intervención territorial sí incide y afecta a los ciudadanos en unos momentos de particular precariedad.

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