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El presidente se vuelve a burlar del orden jurídico

Nada disculpa a una nación que está dispuesta a construirse un futuro dándole fuego a su democracia; cuando se siembra sobre las cenizas del estado de derecho, sólo se cosechan pesadillas, como se demostró en decenas de ocasiones durante el siglo pasado. Pero la principal responsabilidad de la ligereza con que se están tomando las ilegalidades del presidente de la República, toda vez que no entiende una línea de filosofía política, es de su círculo cercano. Ninguno de los abogados, empresarios ni políticos de carrera que lo rodea denuncia lo que ocurre; el silencio de aquellos que entienden la gravedad de los acontecimientos, el retroceso democrático, la amenaza a libertades fundamentales, es vergonzoso.

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El presidente de la República no despreciará ninguna oportunidad para inducir el voto a la ciudadanía hacia el partido que lo llevó al poder, al partido que ha fundado o al partido que le acompaña como pequeño satélite. Ya sea la inauguración de una obra civil en la cual intervinieron otras administraciones, entrega de equipo tecnológico al estudiantado o el incipiente proceso de vacunación del personal de primera línea, Bukele se deja ver ejerciendo sus dos cargos, el de principal propagandista de esos institutos y colateralmente mandatario del país.

Que el funcionario que debería perseguir el respeto al orden jurídico y a la convivencia sea el principal transgresor del artículo 218 de la Constitución, que señala que el personal público está al servicio del Estado y no de una fracción política determinada, y que no podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista, es un problema grave. No menos grave es que muchos miembros de su gabinete le imiten, incluidos algunos representantes de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Pero lo imperdonable es que desde la sociedad civil surjan voces que justifican esa ilegalidad, queriendo reducir esta prohibición a unos matices o incluso volverlo un asunto semántico.

La conciencia ciudadana debería ser la última trinchera contra el despotismo. Pero asistimos a una acelerada simplificación del pensamiento cívico, que empata los errores cometidos en el pasado desde el gobierno con una artificial necesidad de socavar la institucionalidad, como si la responsabilidad de los desaciertos políticos de unos y otros fuera del sistema de libertades, del tinglado democrático y no de los institutos políticos o de los personajes que los lideraron en determinada coyuntura.

Todos los salvadoreños tienen derecho a expresar su preferencia partidaria, a participar en política, a vivir y defender una ideología; el fervor con que se defiende aquello en lo que se cree ha caracterizado dinámicos momentos de la historia nacional, pero si desde un círculo del poder se pretende equivaler la militancia con la comisión de ilegalidades y que sean socialmente aceptadas, entonces ahí ya no hay convicción sino mera enajenación.

Nada disculpa a una nación que está dispuesta a construirse un futuro dándole fuego a su democracia; cuando se siembra sobre las cenizas del Estado de derecho, sólo se cosechan pesadillas, como se demostró en decenas de ocasiones durante el siglo pasado. Pero la principal responsabilidad de la ligereza con que se están tomando las ilegalidades del presidente de la República, toda vez que no entiende una línea de filosofía política, es de su círculo cercano. Ninguno de los abogados, empresarios ni políticos de carrera que lo rodea denuncia lo que ocurre; el silencio de aquellos que entienden la gravedad de los acontecimientos, el retroceso democrático, la amenaza a libertades fundamentales, es vergonzoso.

Principal instigador de una nueva burla a la Constitución: el jefe del Ejecutivo. Cómplices por obra: los enemigos de la democracia que conforman su guardia pretoriana. Cómplices por comodidad: los que creyendo en el Estado de derecho aceptaron formar parte del gabinete y ahora callan. Y cómplices por omisión: los ciudadanos que aun advirtiendo lo que se avecina, consideran que el fuego es un juego.

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