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El rol de la ciudadanía es, en las actuales circunstancias que atraviesa el país, más determinante que nunca

Las condiciones actuales de nuestro proceso democrático tienden a frustrar cada vez más esos intentos de silenciar voces y de ocultar evidencias, lo cual es una muestra clara de que vamos avanzando por la ruta correcta.

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Los acontecimientos que se van sucediendo en el curso del día a día evidencian con creciente notoriedad que hay un flujo de fenómenos sociales, económicos y políticos que ponen a la realidad nacional en un estado de efervescencia constante. Si bien es cierto que la pandemia del coronavirus es la punta de lanza de toda esta situación, lo que la cotidianidad nos muestra de manera avasallante es todo un conjunto de desafíos que no sólo no se pueden desconocer, porque están aquí moviéndose a nuestro alrededor, sino que nos van revelando los trasfondos del acontecer en su conjunto, con una sinceridad que antes ni siquiera era sospechada. Dentro de ese escenario que pone de manifiesto una complejidad sin precedentes, algo que resalta cada vez más es el imperativo de que la ciudadanía asuma su rol natural con una responsabilidad democratizadora que durante tanto tiempo estuvo encerrada en los términos formales.

Esto genera, como lo venimos viendo a diario, una cadena de tensiones sobre todo en las áreas donde se mueven los actores políticos, que están teniendo que evolucionar al ritmo de los tiempos y de las circunstancias tal como van haciéndose sentir en el ambiente. Para el caso, en el tema específico de la probidad y de la corrección en la toma de decisiones gubernamentales y del manejo de los recursos públicos, antes esa parecía una cuestión que quedaba circunscrita a los ámbitos oficiales, sobre todo en los más altos niveles del poder público, lo cual generó una cadena de abusos delictuosos y de irregularidades administrativas que parecía incontrolable, hasta que la misma fuerza de la evolución emprendió los destapes correspondientes, que hoy están a la luz del día, con mandatarios en la cárcel o en fuga y con muchos funcionarios enjuiciados por sus conductas delictuosas.

Día tras día se dan a conocer prácticas abusivas, sobre todo en la disposición de los fondos públicos, particularmente dentro de las condiciones excepcionales que surgen de la crisis pandémica en la que seguiremos inmersos quién sabe por cuánto tiempo. Desde las áreas gubernamentales se repiten cada cierto tiempo los propósitos concretos de acallar a los que informan al respecto, y en especial a los medios de comunicación independientes; pero las condiciones actuales de nuestro proceso democrático tienden a frustrar cada vez más esos intentos de silenciar voces y de ocultar evidencias, lo cual es una muestra clara de que vamos avanzando por la ruta correcta, aunque haya tantos riesgos y amenazas derivados principalmente de la forma agresiva y abusiva en que se toman muchas decisiones desde el más alto nivel de la gestión gubernamental.

Pero hay un punto en el que el rol decisivo de la ciudadanía tiene que hacerse valer de modo resaltante al máximo; y es el punto de las elecciones legislativas y municipales que tendrán lugar en menos de 7 meses. Es la ciudadanía electora la llamada a mantener el equilibrio institucional básico, evitando que se desborde la representación más allá de los límites razonables. Por lo que se ha visto a lo largo del tiempo, la ciudadanía es muy prudente y balanceada al respecto, y confiamos en que eso se manifestará en los resultados del 28 de febrero próximo. Lo que todos necesitamos es cambiar con inteligencia y con racionalidad.

Hacemos un muy especial llamado, entonces, al espíritu conductor que viene moviendo nuestra democracia por la vía del progreso, sin saltos aventurados ni apuestas de resultados imprevisibles.

El país necesita convivencia pacífica, gobernabilidad estable, seguridad firmemente arraigada y confiabilidad en las posibilidades reales del futuro. Todos debemos comprometernos a ello para servirle al bien común y garantizar la buena marcha.

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  • ciudadanía
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