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Jugando con fuego

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Sandra de Barraza

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La Constitución de la República reconoce al pueblo el derecho a la insurrección. Ciertamente, la Constitución reconoce el derecho de sublevarse en contra de la autoridad y contra el orden establecido. Pero este derecho tiene causales y límites. No es para presionar. No es por cualquier cosa. No es por cualquier capricho. Y tampoco es por berrinche.

La Constitución de la República limita el derecho a sublevarse en contra de la autoridad si y solo si se tiene como objeto "restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos" o por "graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución".

En ningún lado de la Constitución de la República reconoce el derecho a la insurrección por un préstamo internacional en proceso de ratificación. Y en todas partes, la palabra de la Constitución demuestra ocupación en diferenciar los espacios correspondientes a cada uno de los Órganos de gobierno. Por esto, los que nunca han leído la Constitución de la República y menos los Reglamentos Internos de cada Órgano de gobierno son presa fácil de cualquier manipulador de sentimientos. Esto es peligroso.

Los que estupefactos observamos la militarización de la Asamblea Legislativa, el llamado a la insurrección sin base legal y la consecuente irrupción y violación física y legal que protagonizó el presidente del Órgano Ejecutivo al Órgano Legislativo somos incapaces de negar que el ciudadano presidente transgredió las normas relativas a la forma de gobierno amparándose en el Consejo de Ministros y que estuvo a punto de abrir las puertas para satisfacer el deseo de sangre de sus seguidores. ¿Quiere el control total del Estado?

Nuestro gobierno, dice la Constitución de la República, es republicano, es democrático y es representativo. Es republicano porque no hay reyes. Es republicano porque la soberanía es del pueblo y el poder público emana del pueblo. Es republicano porque los órganos del Gobierno ejercen el poder público de manera independiente y dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen la Constitución y las leyes.

El Órgano Ejecutivo no puede someter, no puede definir la agenda ni tampoco establecer plazo alguno al trabajo del Órgano Legislativo. Deben colaborar entre sí en el ejercicio de las funciones públicas, respetando las atribuciones indelegables establecidas a cada uno. Lo que se escuchó el domingo recién pasado, lo que se vio el domingo recién pasado, es una clara violación a la forma de gobierno establecida en la Constitución de la República.

El que un día fue capaz de interpretar, administrar y manipular los sentimientos ciudadanos, logró llegar a la presidencia del Órgano Ejecutivo. A los 8 meses de haberle delegado la confianza de conducir el país, ¿demuestra ignorancia o inexperiencia política sobre el sistema de gobierno de El Salvador? ¿Demuestra propósito de modificar nuestro sistema de gobierno? ¿Está consciente del riesgo de continuar manipulando en plena vía pública los sentimientos ciudadanos? Rompió relaciones con Venezuela y con Nicaragua, pero ¿nos lleva al mismo camino?

Los que creemos en la democracia y en la república, los que defendemos lo que dice la Constitución sobre la forma de gobierno, tenemos suficiente para afirmar que se está jugando con fuego. La Asamblea Legislativa merece respeto. Puede ser que uno que otro diputado o diputada no me guste, cierto. Puede ser que nadie me guste. Pero en democracia hay que reconocer que son los ciudadanos que ejercen el derecho político al sufragio y a optar a cargos públicos quienes los elegimos. Los que están allí no son decisión del presidente del O. Ejecutivo. Son delegados por el pueblo.

La justificación que el ciudadano presidente da para tomarse a la fuerza la Asamblea Legislativa es irrelevante y peligrosa. Se puede vivir sin los $109 millones de préstamo del BCIE y se puede combatir la delincuencia sin esos $109 millones. Pero ¿se está comprando voluntades para cambiar de hecho las atribuciones constitucionales de la PNC y de la Fuerza Armada? Ojalá que la solicitud se engavete para que los diputados electos libremente por el pueblo recuperen algo de dignidad. Empréstitos internacionales demandan estudio cuidadoso para fundamentar preguntas y aprobación sin excepción.

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