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La Corte Suprema de Justicia de 1994

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José Enrique Argumedo - Exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ

José Enrique Argumedo - Exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ

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El 28 de julio de 1994 llegó por fin la Asamblea Legislativa a un acuerdo entre los diversos partidos políticos para elegir a los magistrados de la CSJ, estando a punto de llegar a un mes de atraso en su elección. Por unanimidad los 84 diputados dieron sus votos, para conformar esa Corte que era electa de conformidad a las reformas constitucionales producto de los Acuerdos de Paz. Es significativa esa elección, porque ya los diputados no tenían plena libertad para elegir a quienes quisieran, teniendo que ceñirse a la lista de candidatos propuestos por el CNJ, de los cuales la mitad provenía de un proceso eleccionario del gremio de abogados. El comportamiento de estos en ese proceso fue limpio, acudiéndose a votar con entusiasmo en forma mayoritaria, lo que legitimaba la elección.

En la Sala de lo Constitucional a la que pertenecí, junto con los doctores José Domingo Méndez (presidente), René Hernández Valiente, Mario Antonio Solano y Orlando Baños Pacheco, señalamos un nuevo rumbo en la jurisprudencia. Nos acompañaron en el resto de Salas los doctores J. Ernesto Criollo, Carlos Amílcar Amaya, Anita Calderón de Buitrago, José María Méndez, Roberto Gustave Torres, José Artiga Sandoval, Manuel A. Novoa Flores, Aronette Díaz, Mauro Alfredo Bernal, J. Salvador Soto y Francisco R. Guerrero.

En materia de hábeas corpus se eliminó su análisis penal, reconociendo su naturaleza constitucional, debiendo tomarse en cuenta, si la detención es contraria o no a la Ley Fundamental. Se precisó también que la detención provisional debería ser fundamentada y no sin ningún razonamiento que generara arbitrariedad. Se fijó que la PNC no podía detener –salvo el caso de flagrancia– sin una orden judicial o de la FGR.

En materia de amparos se resolvió por primera vez contra actos del presidente de la República ordenando la restitución en su cargo de funcionarios destituidos sin el debido proceso. Se resolvió a favor de un teniente contra el comandante general de la Fuerza Armada.

Se conoció de amparos contra particulares, creación de la doctrina y de la jurisprudencia y no de la ley. Se innovó admitiendo demandas por intereses difusos, dándole una dimensión más amplia al amparo que en el pasado.

Si ingresamos al tema de los procesos de inconstitucionalidad, se emitieron sentencias de importancia tal como la de la Ley de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado resolviendo que violaba normas constitucionales, ley a la cual el Ejecutivo le había puesto mucho interés. También se declaró contraria a la Constitución la Ordenanza contra las Marchas Públicas decretada por el concejo municipal de San Salvador. Así mismo lo fue la Ley de Compensación Económica que obligaba a los trabajadores a renunciar como condición para gozar de ciertas prestaciones.

Fundados en los preceptos constitucionales, le dijimos SÍ al Ejecutivo cuando tenía la razón y NO cuando eso correspondía. Igual sucedió con el Legislativo. Decidimos también objetivamente las demandas contra actuaciones judiciales, resolviendo a favor o en contra conforme a derecho. No puedo referirme a más por falta de espacio.

Las revistas de Derecho Constitucional que publica la SC CSJ, a la orden de cualquiera en la biblioteca judicial o en bibliotecas universitarias y supongo que en la Biblioteca Nacional o por la vía de internet, permite a cualquier persona reconocer que esas sentencias son "sentencias de calidad", como las calificó Pablo Pérez Tremps quien fue magistrado del Tribunal Constitucional de España.

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