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La economía no entretiene como la política, pero será el show del año

Acaso lo más desconcertante para los negociadores del Fondo Monetario Internacional sea la incapacidad de la facción en el gobierno de entender que la escalada de opacidad y abusos de autoridad redunda en mayor impredictibilidad, incertidumbre en la economía, inseguridad jurídica y por ende, en que dinamitan cualquier posibilidad de acuerdo en beneficio de El Salvador.

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La Prensa Gráfica

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La liquidez comienza a ser un tema de conversación en el gabinete, y en un momento en el que la deuda a corto plazo para el país se vuelve más cara. La situación no tiene visos de mejoría porque por más lobistas que contrate, Bukele no conseguirá nada del Fondo Monetario Internacional.

O en todo caso, no conseguirá nada sino hasta que se sepa de qué va la Ley Bitcóin, qué tan invasivo es su uso y qué tanto deprime al comercio y al consumo. Y además, ningún organismo multilateral moverá fichas en El Salvador hasta saber si la pretendida reforma constitucional se traduce en Asamblea Constituyente, o en referendo o en desmantelamiento final de la democracia.

Acaso lo más desconcertante para los negociadores del Fondo Monetario Internacional sea la incapacidad de la facción en el gobierno de entender que la escalada de opacidad y abusos de autoridad redunda en mayor impredictibilidad, incertidumbre en la economía, inseguridad jurídica y por ende, en que dinamitan cualquier posibilidad de acuerdo en beneficio de El Salvador.

El Fondo monitorea entre otras variables el tono de las relaciones de cualquier país centroamericano con el gobierno estadounidense. Si la administración Biden ha pedido públicamente a Bukele que los jueces y magistrados sean independientes, que la Fiscalía General también lo sea, que se trabaje en el funcionamiento de una nueva Comisión Internacional contra la Impunidad y que se respete a la prensa libre, es obvio que es un diálogo de sordos.

Sin duda, la soberanía nacional no debe empeñarse en atención a estas consideraciones, pero considerando que el Estatus de Protección Temporal que cobija a 250 mil compatriotas vence en octubre, es el momento más torpe posible para tensar la relación con los Estados Unidos de América.

Pero el régimen no ha atendido razones y por ende poco conseguirá al ir a poner la mano a la mesa multilateral por más que el ministro de Hacienda quiera vender un panorama idílico. Menos aún cuando no hay intenciones de reducir el gasto público y Bukele anuncia, sin explicar cómo afectará a otras áreas de la economía, que el Estado financiará durante un año el incremento al salario mínimo, o que se gastarán hasta 325 millones de dólares en apoyar la implementación del bitcóin, o que se continuará con el reparto de paquetes de comida.

El resultado de esta tormenta perfecta contra la economía salvadoreña se manifestará primero en la depresión del consumo, luego en el empleo y paralelamente en el costo de la vida; las expresiones se trasladarán del campo de lo macroeconómico al de la informalidad, y finalmente, en lo fenoménico, en la seguridad pública y profundización de la emigración ilegal.

Mientras eso ocurre, la nación parece entretenida con el espectáculo político, con la recreación de juicios sumarios contra los políticos abusivos de las administraciones anteriores y la peregrina discusión sobre si los sobresueldos pueden ser considerados legales. Es un show en el que el gobierno paga las sillas y el telón, vende los boletos y rentabiliza hasta el último centavo de capital publicitario.

A la salida de este teatro en el que muchos ciudadanos encuentran una lógica gratificación, espera la economía, ajena a colores, ideologías y militancias, dispuesta a pasarle la factura del desgobierno a todos por igual.

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